Segundo informe sobre la atención de la línea “Aborto: más información, menos riesgos”
1.700 llamadas. 1.700 historias. 1.700 mujeres ….la prohibición como violencia política contra las mujeres
Por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto
En Argentina, cada mujer enfrenta en su vida por lo menos dos abortos clandestinos. El 60% de los embarazos son no planificados. Una de cada 4 mujeres es violada a largo de su vida. 68.000 mujeres por año requieren atención médica por infección o hemorragia como consecuencia del uso de métodos inseguros para abortar. En democracia, al menos 3.000 mujeres pobres han muerto como resultado de la prohibición del aborto[1].
¿Qué derechos humanos podemos ejercer las mujeres frente a un estado que prohíbe el aborto? ¿El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad? ¿A la salud física, mental y moral? ¿A no ser víctimas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos, degradantes? ¿A decidir libremente el número e intervalo de las hijas y los hijos? ¿A la información, educación y a medios que nos permitan disfrutar de estos derechos humanos?
En 3 meses y medio de atención, desde el 1 de agosto hasta el 20 de noviembre, la Línea “Aborto: más información, menos riesgos”, recibió 1636 llamadas[2]. Durante agosto y septiembre, la frecuencia fue de 11 llamadas por día, 1 cada media hora. Durante octubre y noviembre, el promedio fue de 16 por día. Una llamada cada 22 minutos. Llamaron mujeres de todo el país. 944 mujeres embarazadas recibieron información sobre aborto. El 77% de Capital y Provincia de Buenos Aires. Alrededor de 300 se comunicaron con la línea más de una vez para solicitar información. Otras 400 personas llamaron como acompañantes de mujeres embarazadas que buscan información sobre aborto, y en un número menor, para solicitar otro tipo de información.
El 99% de las mujeres que recibieron información tenía información previa sobre métodos inseguros de aborto, con riesgo para su salud y/o su vida. El 64% tenía información de boca en boca, el 27% tenía información de médicxs, el 17% tenía información de internet, y el 10% de farmacéuticxs. Sólo el 1% tenía información completa y correcta sobre el método para aborto con misoprostol, considerado como el más seguro en contextos de clandestinidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).
La mantención de la prohibición del aborto como ley durante tanto tiempo, a pesar de los cambios políticos y la reafirmación de los compromisos con los derechos humanos de las mujeres, pone en evidencia una alianza extorsiva. Esta alianza mantiene al aborto clandestino y a las mujeres viviendo bajo un sistema totalitario, aún en una democracia declarada. Naturaliza la impunidad con que los varones ejercen violencia en las relaciones heterosexuales y la existencia de un estado paralelo corporativo, conformado principalmente por médicxs, laboratorios y farmacias. Realiza propaganda permanente y ejerce un control territorial de los cuerpos con útero. Esta alianza tiene recursos humanos y materiales cuantiosos y una burocracia bien pagada entre profesorxs, legisladorxs, administradorxs y juecxs.
Mientras el estado democrático invirtió en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 35 millones de pesos en 2009, el estado terrorista paralelo nos cobra a las mujeres 1.000 millones de pesos al año por abortos clandestinos[3]. Este robo de nuestros cuerpos, tiempo, decisiones, nuestras vidas, trabajo, recursos, se escucha cotidianamente en la atención de la línea “Aborto, más información, menos riesgos”:
“El médico me cobra 5.000 pesos”.
“Me cobran 500 pesos cuatro pastillas”.
“Tuve que sacar un crédito en el banco”.
“Tuve que pedirle un adelanto a mi patrona”.
“Tengo que esperar que me paguen el plan”.
“Le pedí plata a todas mis amigas”.
“Vendí mi heladera”.
“Quedé debiendo el alquiler”.
“Me gasté los ahorros que tenía para arreglarme los dientes”.
“Tuve que tirar goma para pagar las pastillas”.
Esta violencia económica, poder mafioso, se afirma sembrando terror físico y moral. Bajo el silencio extorsivo que impone la prohibición, los terrorismos jurídico, médico y farmacológico de estado expresan su intensa capacidad de muerte y pericia para la crueldad.
“Tengo miedo. Me pusieron veneno para ratas”.
“Tengo miedo. En la farmacia me vendieron 4 pastillas y me dieron 2 inyecciones, no sé de qué”.
“Tengo miedo. Una enfermera le dijo a mi mamá que me tenía que abrir el útero con una cuchara”.
“Acá en este barrio el aborto es como el resfrío.”
“Me violaron, pero ninguna clínica ni hospital me hace el aborto”.
“En este pueblo hay un sólo médico que hace abortos”.
“Tengo miedo. Me dijeron que seguir con el embarazo es de alto riesgo, no me dejan irme de la clínica y no me hacen un aborto”.
“El médico no me avisó que los antibióticos anulan el efecto de las pastillas anticonceptivas. Me dijo que era una boluda por no leer el folleto”.
“Tengo miedo. A mi hermana en el hospital le dijeron asesina. Las enfermeras le dejaron el feto en la cama durante toda la noche. La policía vino a mi casa. Tengo 13 años, y estoy embarazada”.
Mafias que operan a la luz del día ofrecen y hacen abortos clandestinos, para algunas en condiciones materiales de lujo y privilegios; para otras, en condiciones de mayor riesgo, tortura, humillación y muerte.
Este aborto clandestino se realiza en sociedad.
El 45% de las mujeres que recibieron información lo hicieron acompañadas por sus parejas varones. Todas las menores de 18 años llamaron acompañadas, salvo muy pocas excepciones, por su familia cercana. En una gran cantidad de casos son esxs acompañantes quienes llaman primero.
En Argentina el estado paralelo encuentra cada tanto sus chivas expiatorias en las mujeres del barrio y del campo, pobres, de pueblos originarios, africanas y afrodescendientes, mestizas, a quienes enferma, mata, y denigra: Romina Tejerina, presa en Jujuy; Ana María Acevedo, a quien en Santa Fe lxs médicxs le negaron la quimioterapia y el aborto; L.M.R, de 19 años de edad, discapacitada mental, violada, que tuvo que esperar hasta la semana 20 para acceder a un aborto en Buenos Aires; una niña de 12 violada por su padrastro y obligada mediante tortura a parir en Mendoza; y este año, entre otras, Sofía Viviana Juárez en Santiago del Estero y María Díaz en Santa Fe, muertas por aborto clandestino. Hace una semana otra niña violada, de 10 años de edad esta vez, discapacitada mental, a quien se le practicó el aborto en un hospital de Tigre. Estas violencias espectacularizadas disciplinan a las mujeres hacia los modos de abortar funcionales a las corporaciones. En los países donde el aborto es legal, los métodos son variados, cada mujer elige. El aborto es considerado una práctica de bajo costo y bajo riesgo cuando se realiza durante las primeras 12 semanas de embarazo[4]. La exposición a la muerte no existe, aún en abortos con mayor tiempo gestacional y complicaciones de salud preexistentes[5].
El 93 % de las mujeres que se informó en la Línea Aborto, más información, menos riesgos, llamó con 12 o menos semanas cumplidas de embarazo. El 76% de las mujeres llamó con un tiempo de embarazo de hasta nueve semanas. El tiempo de embarazo promedio de todas las mujeres que llamaron es de 7,6 semanas. En las mujeres de edades entre 16 y 19 años que llamaron el promedio de tiempo gestacional es 7,95 semanas. El 100 % de estas mujeres podría haber abortado de manera segura. Salvo tres excepciones conocidas en 5 años, en Argentina ningún aborto es gratuito, ningún aborto es seguro, ningún aborto es legal.
Los riesgos, la espera y la maternidad forzadas, el embarazo no deseado y el aborto clandestino son violencias políticas, no crímenes del espacio doméstico[6]. Durante los pasados 4 meses las corporaciones actuaron en función de esta violencia en la disputa sobre el control de las mujeres y los 1.000 millones de pesos que gastan al año en abortos clandestinos.
El 75% de las mujeres que llamaron a la Línea tiene entre 21 y 40 años de edad. El 21% son adolescentes y jóvenes entre 16 y 20 años de edad. Evitar embarazos no deseados es un privilegio para pocas. En el 76% de los embarazos relevados, los varones no usaron preservativo. En el 55 % de los casos, las parejas no usaron ningún método anticonceptivo.
En el 45 % de los embarazos restantes, las parejas usaron algún método anticonceptivo, que falló. Esto evidencia que un porcentaje significativo de embarazos se debe a los déficits de una ciencia que aún en el siglo XXI no está al servicio de las mujeres. Este déficit corporativo castiga con abortos clandestinos la decisión de una mujer de no gestar ni parir ni ser madre. El 45% de las mujeres que llamaron no tiene hijxs. El 50 % tiene entre 1 y 3 hijxs. El 5 % que resta tiene 4 hijxs o más (hasta 8 en un caso). De las mujeres de hasta 21 años de edad que llamaron, el 74 % no tiene hijxs, y el 21 % tiene unx hijx. De las mujeres de entre 21 y 40 años de edad que llamaron a la línea, el 23 % no tiene hijxs, y el 54 % tiene entre 1 y 2 hijxs.
Por lo menos desde 2.004, diversos estudios realizados en Argentina por CEDES y por médicxs de diversas provincias, y en otros países por la OMS y la FLASOG, entre otras organizaciones, vienen demostrando consistentemente que el uso del misoprostol es la principal causa de la reducción notable de aborto infectado y de la mortalidad por aborto[7]. Sin embargo, la corporación médica reacciona restringiendo el acceso de las mujeres a la información sobre el uso del misoprostol para abortos más seguros, en un intento de seguir elevando y monopolizando las ganancias del aborto clandestino.
Entre otrxs, Jorge Vinacur, Presidente de la Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología, dijo al Diario Crítica en Julio que “El misoprostol es un abortivo ineficiente y muchas mujeres mueren o quedan seriamente dañadas por utilizarlo“[8]. En una nota firmada por Guillermina de Domini para Clarín, en la cual abiertamente se da información falsa confundiendo el misoprostol con la RU 486, Carlota López Kaufman, ginecóloga y presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, dijo al diario Clarín[9] a propósito del aborto con medicamentos que “entre el 10% y 20% de las mujeres que pasan por este tipo de aborto, necesita recurrir a trasfusiones de sangre por hemorragias severas”. La nota asevera además que “la venta ilegal de medicamentos para interrumpir embarazos está creciendo un 10% todos los años”. En La Nacion.com Javier Valverde, del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal afirmo que el 10 % de las mujeres que usan misoprostol “terminan con hemorragias muy severas y necesitando trasfusiones de sangre en hospitales”. Marcelo Viggiano, médico de la Asociación Obstétrica Argentina afirmó que las mujeres que abortan con misoprostol acuden a hospitales “con hemorragias importantes que en la mayoría de los casos llegan a la muerte”[10].
A través de la Línea confirmamos que lxs médicxs también concretan el terrorismo desinformativo en sus consultorios: en los testimonios relevados por la Línea, el 27% de las mujeres tenía información sobre aborto errónea o falsa, proporcionada por médicxs.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires desde hace 10 años impulsa políticas de restricción de venta y prohibición formal del misoprostol en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Ha logrado hace ya varios años que en todo el país el misoprostol haya dejado de ser de venta libre y se venda bajo receta archivada. A partir de esta restricción, el precio en el mercado ilegal oscila entre los 40 y 250 pesos por cada pastilla. El incremento es como mínimo del 100% sobre el precio de venta legal en farmacias y como mínimo del 200% sobre el precio que tendría si fuera de producción pública.
La mala información lleva a las usuarias casi indefectiblemente a acudir a la farmacia o algún otro lugar de venta clandestina más de una vez, ya sea para comprar más pastillas u otros medicamentos que no están avalados como métodos sin riesgos por ninguna organización médica. El 10% de las mujeres que se informaron en la línea manifestaron haber recibido información errónea sobre aborto por parte de lxs farmacéuticxs. En otros casos, además de ser empobrecidas y puestas en riesgo, las mujeres son además estafadas: las pastillas se venden vencidas, en paquetes adulterados. También hemos recibido testimonios de mujeres a quienes se ha vendido pastillas que no contienen misoprostol o incluso las cajas vacías.
Debido a su uso obstétrico para producir abortos sin riesgos hasta la semana 12 de embarazo, incluso en contextos de clandestinidad, el misoprostol está incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS[11]. Existe un derecho humano a acceder a los medicamentos definidos como esenciales por la OMS, son medicamentos vitales. Desde la perspectiva de los derechos humanos, prohibir o restringir el acceso al misoprostol por cualquier medio, incluido su precio, es una violación grave del derecho a la salud de las mujeres. Todo parece indicar que el mayor y más rentable mercado de venta ilegal de misoprostol se encuentra en manos de las corporaciones que operan en la Provincia de Buenos Aires. Sólo Luciani representa a 6.000 profesionales de 4.500 farmacias de toda la provincia[12].
La corporación jurídica está dispuesta a seguir mirando para otro lado y quizás a sacar el aborto del código penal en algunos casos, pero no a reconocer que el aborto es un derecho. En este modelo, nunca es cada mujer la que decide sobre su cuerpo y su destino. Juecxs, abogadxs, evalúan los casos “meritorios”, “urgentes”, “espectaculares”. La corporación jurídica autoriza a las mujeres a abortar por medio de decisiones judiciales excepcionales o el simple hecho de acceder a unx abogadx. Aún cuando la producción de un embarazo requiere necesariamente de la participación de un varón, el único cuerpo sometido al escrutinio y regulación por la corporación jurídica, criminalizado, es el cuerpo de mujer. Este año, “un juez de un alto tribunal del país fue echado de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se desempeñaba como profesor de un posgrado en Derecho Administrativo, como consecuencia de haber avalado en un fallo la realización de un aborto terapéutico, no punible, claramente contemplado en el Código Penal”[13].
“Yo no ando por la calle corriendo a las embarazadas diciéndoles que aborten, pero si hay alguna que quiere abortar por algún motivo que me parece lo suficientemente serio, creo que debe poder hacerlo en condiciones de seguridad en que no arriesgue su vida además de la criatura por nacer“, manifestó la Jueza Argibay en diferentes medios[14].
“No existe legislación en el mundo que despenalice el aborto. No se dice que cualquiera puede abortar después de ocho meses y medio de embarazo. Lo que se discute es si se puede ampliar el ámbito de los abortos impunes… a otras situaciones, algunas otras…hay que tutelarlo estableciendo medidas de seguridad social para la mujer embarazada…Y si la mujer quiere hacer un aborto, tratar de aconsejarle, o disuadirla, o darle el apoyo para que pueda llevar adelante el embarazo… si la norma penal es ineficaz como tutela, aflojemos la norma penal para darle la tutela por otra vía...cuando se vuelve masivo el homicidio se llama guerra, y eso termina en un armisticio…Hoy el número de muertos es equivalente al que puede haber en una guerra, si contamos como vida a los fetos”, confió el Juez Zaffaroni a Adrián Murano para la Revista XXIII[15].
El estado mafioso también contesta desde dentro de las instituciones, reproduciendo los discursos femicidas en proyectos de ley. En Chaco, el diputado Armando Luis Verdum, médico, y la diputada Clelia Mirtha Ávila, abogada y escribana, presentaron un proyecto de repudio “contra el teléfono de la muerte”. Diversas organizaciones políticas y sociales de Chaco, entre ellas el Frente Grande, Barrios de Pie, la CTA y la Agrupación Juana Azurduy se manifestaron públicamente en contra de estos proyectos.
En Tucumán, Carlos Canevaro, del bloque Unión Norte Grande, presentó un proyecto de repudio de la Línea. En el Congreso Nacional han sido presentados tres proyectos de declaración de repudio por Dante Alberto Camaño de Propuesta Republicana, Julián Martín Obligio del Bloque Nacional Sindical, e Ivana María Bianchi del FREJULI: “este 0800-Aborto estaría incurriendo en el presunto delito de ejercicio ilegal de la medicina, dado que este fármaco no tiene indicación de tratamiento durante el embarazo normal, porque no es curativa sino que es abortiva con severas complicaciones probables. Lo mismo téngase presente para la droga misoprostol, nombre comercial más conocido oxaprost”. No es raro encontrar que estos proyectos se fundamentan en información falsa de supuestas asociaciones médicas inexistentes[16].
En la Legislatura de la CABA, el proyecto de “Guía para la atención post aborto” fue frenado por un dictamen de mayoría en la Comisión de Salud, de mano del PRO. Este proyecto era impulsado entre otras por las diputadas Diana Maffía y Gabriela Alegre. Estas diputadas acompañaron la presentación del Primer Informe de Atención de la “Línea Aborto, más información, menos riesgos”, el 21 de Septiembre de este año, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Congreso Nacional se han presentado, desde distintos bloques, diversos proyectos de ley para legalizar el aborto: doce en los últimos dos años. Más de 40 en los últimos 26. Ninguno ha sido siquiera tratado por las correspondientes comisiones.
La violencia política contra las organizaciones y personas que luchamos contra la prohibición del aborto y por su legalización, contra quienes aportamos para reducir las consecuencias negativas y violaciones de derechos causadas por el aborto inseguro, es también una forma de terrorismo de estado.
Estas diferentes corporaciones del estado paralelo revictimizan a mujeres en un triple castigo: son víctimas, las revictimiza la prohibición, las revictimiza la sociedad echándoles la culpa de las desgracias colectivas, de la existencia de la violencia política que las victimizó en primer lugar.
En Mendoza, hace una semana se cristalizó una nueva forma de alianza extorsiva entre corporaciones prohibicionistas, mediante la aprobación de un proyecto de Ley presentado en 2.007 por el senador provincial José Abel. Este médico y sus secuaces, tergiversando resultados de un estudio sobre un Estado de Brasil de 1.992, ha logrado restringir aún más el acceso al misoprostol, limitando su distribución a hospitales y centros de salud. Reeditando el decreto de López Rega que en el gobierno de Isabel Perón prohibió el acceso a anticonceptivos, cerrando lugares de consejería en hospitales públicos y su venta en farmacias bajo triple receta archivada.
En los pasados cuatro meses, desde Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto respondimos a esta violencia política. Generamos acción y reflexión para salir del callejón punitivo del aborto clandestino. No prescindimos de la ley, ejercimos derechos. Trabajamos junto a organizaciones feministas, de derechos humanos, a la comunidad LGTTB, a médicas y médicos, abogadas y abogados, medios de comunicación y periodistas, para desarticular el poder de muerte y esquivar los controles médicos mafiosos.
En septiembre, la Dra. Zulema Palma, Presidenta de Mujeres al Oeste y miembra del CLACAI, Consejo Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro, entrevistada por Jorge Lanata calificó la desmedicalización de la vida de las mujeres como un avance respecto del cumplimiento de sus derechos humanos.
El Dr. Fernando Giayetto, médico de La Pampa, destacó en diversos medios que todo embarazo no querido debe entenderse como un problema para la salud de cualquier individuo. “Esto sería suficiente argumento para que el acceso al aborto fuera universal, seguro y en manos del Estado”[17].
El mismo mes, Mario Sebastiani, Miembro del Servicio de Obstetricia y Comité de Bioética del Hospital Italiano, entrevistado por Josefina Licitra para el Diario Crítica, declaró “El conocimiento médico [...] le pertenece a la gente [...] Dado que no se ofrece otro tipo de solución [...] bienvenido sea el número telefónico [...] Le guste a quien le guste, el aborto está desapareciendo del ámbito médico para convertirse en un acto privado de las mujeres. Esto es producto de la tecnología y de que las mujeres han sido castigadas cuando necesitaron acercarse a la medicina y sus instituciones: encontraron denuncias, victimización y juzgamiento. Las respuestas que encontraron de nosotros fueron de cuarta…la medicina tiene que estar del lado de estas mujeres.”
También en octubre, el Dr. Juan Osvaldo Mormandi, Jefe de Ginecología del Hospital Eva Perón, de San Martín, confirmó en un informe especial para Telenoche Investiga que “Paradójicamente el misoprostol está ayudando a reducir las muertes por aborto”[18].
En estos 4 meses de intenso trabajo hemos retenido 2.300.000 pesos en manos de las mujeres. 819 niños y niñas no corrieron el riesgo de perder a sus madres como consecuencia de un aborto inseguro. Hemos roto el silencio en decenas de medios de comunicación, tan disímiles que van desde la tapa del diario Crítica, los blogs del diario Clarín, los video informes de la versión digital de La Nación, el suplemento Las 12, hasta medios independientes como Indymedia, AMARC, La Tribu. Hemos difundido información científica, veraz, actualizada y no prejuiciosa sobre aborto en 1.700 llamadas. Esperamos que con este trabajo ampliemos la libertad de las mujeres y fortalezcamos nuestra agencia política para lograr que 2.010 sea el año de la legalización del aborto en Argentina.
Lesbianas y Feministas
por la Descriminalización del Aborto
26 de Noviembre de 2.009
www.informacionaborto.blogspot.com
masinformacion.menosriesgos@yahoo.com.ar
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[1] Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.
[2] Estos datos incluyen los del primer mes, ya presentados en el primer informe de atención de la línea “Aborto, más información, menos riesgos”, presentado en la legislatura de la CABA el 21/09/09.
[3] Según cifras publicadas por diferentes medios de comunicación y obtenidas a través de relatos de la línea “Aborto, más información, menos riesgos”, los precios del aborto clandestino, ya sea quirúrgico o con medicamentos, oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos. Sobre un costo promedio de 2.000 pesos por aborto clandestino, calculamos que en un año, 500.000 abortos clandestinos aportan a las cajas mafiosas 1.000 millones de pesos.
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